domingo, 29 de marzo de 2015

Auxiliares de la Justicia (Vídeo)

Los Auxiliares de la Justicia son los agentes o actores que interactúan y sirven de apoyo para la solución de los conflictos en los tribunales, haciendo posible la asistencia judicial.




viernes, 27 de marzo de 2015

Auxiliares de la Justicia

Los auxiliares de la justicia son los agentes o actores que interactúan y sirven de apoyo para la solución de los conflictos en los tribunales, haciendo posible la asistencia judicial. Estos son:


ABOGADO: Doctor o Licenciado en derecho autorizado por exequátur del Poder Ejecutivo que ha sido juramentado por la Suprema Corte de Justicia, que ejerce la profesión de defender ante los tribunales los intereses de las personas que le confían sus litigios.



NOTARIO: Oficial público instituido para recibir los actos a los cuales las partes deban o quieran dar el carácter de autenticidad inherente a los actos de la autoridad pública y para darle fecha cierta, conservarlos en depósito y expedir copias de los mismos. Tiene facultad además, para legalizar las firmas o las huellas digitales de las partes, en la forma establecida por ley.



INTÉRPRETE JUDICIAL: Es una persona facultada, por la autoridad judicial, para interpretar, en el curso de una audiencia, de una instrucción o para traducir documentos presentados en justicia, tanto en materia civil como en materia penal. Está igualmente facultado para hacer la traducción oficial, es decir, certificada conforme al original, de documentos destinados a ser utilizados por las autoridades administrativas o judiciales.



ALGUACIL: Oficial ministerial cuya misión consiste en notificar los actos de procedimiento y ejecutar las decisiones de la justicia y los actos auténticos provistos de fuerza ejecutiva, dentro del límite de su competencia.


El Alguacil de Estrado asiste a las audiencias, teniendo a su cargo la elaboración del rol de audiencias e imponer el orden dentro del tribunal. Están sujetos al horario y a las mismas obligaciones del resto del personal del tribunal al cual pertenece y devengan un salario fijo. Adicionalmente realizan las mismas funciones que el alguacil ordinario.

El Alguacil Ordinario, ejecuta todas las funciones propias de su ministerio y sólo cobra los emolumentos de los actos judiciales o extrajudiciales que realiza. No recibe salario ni está sujetos a la supervisión directa del tribunal al que pertenece.



VENDUTERO PÚBLICO: Oficial público encargado de vender en subasta los objetos embargados o confiscados. El alguacil puede ser vendutero en subasta pública de los bienes que embarga.





Fuente: Poder Judicial de la República Dominicana.

lunes, 23 de marzo de 2015

Sistema Nacional de Seguridad Social (Vídeo)

El Sistema Nacional de Seguridad Social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales.

viernes, 20 de marzo de 2015

La Jornada de Trabajo y Descansos Obligatorios


¿Qué es la jornada de trabajo?

Es el tiempo que el trabajador no puede usar libremente, del cual no dispone por estar a la disposición exclusiva de su empleador.

¿Cómo se clasifica la jornada de trabajo?

El Código de Trabajo en su artículo 149, clasifica la jornada de trabajo en diurna, nocturna y mixta:
Jornada diurna es la comprendida entre las siete de la mañana y las nueve de la noche.
Jornada nocturna es la comprendida entre las nueve de la noche y las siete de la mañana.
Jornada mixta es la que comprende períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas, en caso contrario se reputa jornada nocturna.

¿Qué son las jornadas especiales?

Jornada prolongada: se aplica principalmente a los trabajadores que realizan labores discontinuas intermitentes o que requieran de su sola presencia.

Jornada bisemanal: requiere que las faenas se efectúen en lugares apartados de centros urbanos que cumplan con características tales como: vías de acceso limitadas, dificultad en las comunicaciones y servicios básicos limitados o inexistentes.

¿Que es el denominado descanso semanal?

Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de treinta y seis horas.
Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado a mediodía.

Sobre las horas extras y días feriados

Si el trabajador presta servicio en el período de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario aumentado en un ciento por ciento o disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal.
Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal

Los permisos remunerados

El empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste, tres días, en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, o de su compañera, y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa.

Sobre las vacaciones

Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un período de vacaciones de catorce (14) días laborables, con disfrute de salario, conforme a la escala siguiente:

1ro. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de cinco, catorce días de salario ordinario.
2do. Después de un trabajo continuo no menor de cinco años, dieciocho días de salario ordinario.
El trabajador adquiere el derecho a vacaciones cada vez que cumpla un año de servicio ininterrumpido en una empresa.

Sobre la suspensión del contrato de trabajo

Las causas de suspensión pueden afectar todos los contratos de trabajo vigentes en una empresa o solamente uno o varios de ellos.

Durante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador queda liberado de prestar sus servicios y el empleador de pagar la retribución convenida, salvo disposición contraria de la ley, el convenio colectivo de condiciones de trabajo o el contrato.


Referencias:
Código de Trabajo de la República Dominicana, actualizado al 2014.

El Contrato de Trabajo



¿Qué es el contrato de trabajo?

De acuerdo a la definición que nos da el Código de Trabajo Dominicano en su artículo no. 1, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta.


Sobre la formación y la prueba del contrato de trabajo

Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del contrato de trabajo en toda relación de trabajo personal. Art. 15. CT.

Cuando se presenten en la práctica situaciones mixtas, en las cuales el contrato de trabajo se halle involucrado con otro u otros contratos, se dará preferencia a aquel de los contratos que esté más vinculado a lo esencial del servicio prestado. Art. 15. CT.

Las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por todos los medios. Art. 16. CT.

Sin embargo, se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador, de acuerdo con este Código y sus reglamentos, tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el Libro de Sueldos y Jornales. Art. 16. CT.



Características y elementos constitutivos del contrato de trabajo

Según el art. 24 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo escrito enunciará:

1o. Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y residencia de los contratantes y las menciones legales de sus cédulas personales de identidad.

2o. El servicio que el trabajador se obliga a prestar y las horas y el lugar en que deba hacerlo.

3o. La retribución que habrá de percibir el trabajador con indicación de lo que gana por unidad de tiempo, por unidad de obra o de cualquier otra manera, y la forma, tiempo y lugar del pago.

4o. La duración del contrato, si es por cierto tiempo, la indicación de la obra o servicio que es objeto del contrato, si es para una obra o servicio determinado, o la mención de que se hace por tiempo indefinido.

5o. Los demás que las partes puedan convenir de acuerdo con la ley. Contendrá las firmas de las partes o sus señas digitales y las firmas de los testigos, si a ello hubiere lugar, según prevé el artículo 21.


¿Cuáles son los sujetos del contrato de trabajo?

Los sujetos del contrato de trabajo son el Trabajador y el Empleador.
El Trabajador es toda persona física que presta un servicio, material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo.
El Empleador es la persona física o moral a quien es prestado el servicio.



Clasificación del contrato de trabajo

Según el artículo 25 del Código de Trabajo, El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, por cierto tiempo, o para una obra o servicio determinado.

  • Contrato por tiempo indefinido: Es aquel tipo de contrato de trabajo en el que las partes tienen conocimiento de cuándo inicia, pero no cuándo terminará. De acuerdo al artículo 26 del CT, estos se forman cuando los trabajos son de naturaleza permanente. Todo contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido.
  • El contrato por cierto tiempo o para una obra o servicio determinado, se sabe cuándo empieza y cuándo terminará, y solo se puede celebrar de forma excepcional en aquellos casos en que la ley así lo señala.

El contrato de trabajo también puede ser clasificado de acuerdo a la forma en Verbal y Escrito.



Derechos y obligaciones resultantes del contrato de trabajo

El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que sean conforme con la buena fe, la equidad, el uso o la ley.

El trabajador debe desempeñar su trabajo con intensidad, cuidado y esmero, en la forma, tiempo y lugar convenidos, y bajo la dirección del empleador o de su representante a cuya autoridad está sometido en todo lo concerniente al trabajo.



Obligaciones de los trabajadores:

1o. Someterse a reconocimiento médico a petición del empleador, para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo. Dicho examen estará a cargo del empleador.

2o. Asistir con puntualidad al lugar en que deba presentarse para prestar sus servicios y desempeñarlos en la forma convenida.

3o. Observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan.

4o. Comunicar al empleador o a sus representantes las observaciones que hagan para evitar cualquier daño que puedan sufrir los trabajadores o el empleador.

5o. Prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que la persona o los bienes del empleador o de algún trabajador estén en peligro, sin que por ello tengan derecho a remuneración adicional.

6o. Observar buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo.

7o. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio al empleador, tanto mientras dure el contrato de trabajo como después de su terminación.

8o. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo, sin que sean responsables de su deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción.

9o. Evitar desperdicios innecesarios en la manipulación de los materiales y devolver al empleador los que no hayan usado.

10o. Desocupar dentro de un término de 45 días, contados desde la fecha en que terminen los efectos del contrato de trabajo, las viviendas que les hayan facilitado los empleadores.


Obligaciones del empleador.

1o. Mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias.

2o. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los medicamentos preventivos que indiquen las autoridades sanitarias en virtud de la ley, en caso de enfermedades epidémicas.

3o. Observar las medidas adecuadas y la que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos y material de trabajo.

4o. Instalar para el servicio de los obreros, por lo menos, un botiquín de primeros auxilios.

5o. Proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales que hayan de usar, y cuando no se hayan comprometido a trabajar con herramientas propias, de los útiles e instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo convenido, sin poder exigirles alquiler por ese concepto.

6o. Mantener local seguro para el depósito de los instrumentos y útiles del trabajador, cuando éste utilice herramientas propias que deban permanecer en el lugar donde se presten los servicios.

7o. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador.

8o. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato de palabra o de obra.

9o. Proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento a sus trabajadores.

10o. Cumplir con las demás obligaciones que le impone este Código y las que se deriven de las leyes de los contratos del trabajo, de los convenios colectivos y de los reglamentos interiores.


Modificaciones al contrato de trabajo: JUSVARIANDI.

El Código de Trabajo en su artículo 62 nos dice que el contrato de trabajo consentido válidamente entre las partes puede ser modificado por los siguientes puntos:

1o. Por efecto de disposiciones contenidas en este Código y en otras leyes posteriores.

2o. Por efecto de los convenios colectivos de condiciones de trabajo.

3o. Por mutuo consentimiento.


La nacionalización del contrato de trabajo

Unas de las obligaciones fundamentales del legislador dominicano es la protección del empleo de nuestros trabajadores. En la exposición de motivos del Código de Trabajo de 1951, en lo relativo a la nacionalización del trabajo se señala que su finalidad era “asegurar a los trabajadores nacionales, por medio de adecuadas previsiones, un mínimum de oportunidades de trabajo en las empresas radicadas en el país”.

Así el actual Código de Trabajo en su artículo 135, dispone que “El ochenta por ciento, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”. De la misma manera, los salarios percibidos por los trabajadores dominicanos de una empresa deben ascender en conjunto, al ochenta por ciento, por lo menos, del valor correspondiente al pago de todo el personal (artículo 136 CDT). Estas últimas disposiciones no se aplican a los salarios percibidos por trabajadores que desempeñen labores técnicas, de dirección o gerencia. El principio de la nacionalización del trabajo no choca con aquel del carácter territorial de la ley laboral.

Fuente: Milton RayGuevara – Listín Diario.


Primeras regulaciones del derecho de trabajo en República Dominicana

En la década de los años 1920, 1930 y 1940, época en que se inician las primeras actividades laborales normales, se legislaron o dictaron una serie de disposiciones con el objetivo de regularizar desde el punto de vista jurídico laboral dichas actividades.

En el año 1918 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dictó la Orden Departamental No. 1. Esta fue la primera disposición de nuestro país en el aspecto laboral. En el año 1930 se dicta la ley 1312 que crea varias Secretarias de Estado, entre la que se encontraba la de Trabajo. En el año 1932 se dicta la ley 385 sobre Accidente de Trabajo. En el año 1944 la ley 637 sobre contrato de trabajo. En 1948 la ley 1896 sobre seguros sociales y en 1951 el Código de Trabajo.



El rol de las autoridades administrativa de trabajo

La aplicación de las disposiciones de las leyes y reglamentos de trabajo está encomendada:

1o. A la Secretaría de Estado de Trabajo y sus dependencias.

2o. A los tribunales.

En todos los casos de conflictos de trabajo, sea cual sea su naturaleza, los empleadores y trabajadores, o las asociaciones que los representen pueden acordar su sumisión al juicio de árbitros libremente escogidos por ellos.

El laudo que estos dicten no producirá efecto jurídico válido, cuando desconozca disposiciones de la ley cuyo carácter sea de orden público.



Referencias:

lunes, 16 de marzo de 2015

Departamentos y Distritos Judiciales


DEPARTAMENTO JUDICIAL DE BARAHONA
Distrito Judicial de Barahona
Distrito Judicial de Independencia (Jimaní)
Distrito Judicial de Bahoruco (Neyba)
Distrito Judicial de Pedernales

DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL DISTRITO NACIONAL
Distrito Judicial del Distrito Nacional

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA VEGA
Distrito Judicial de La Vega
Distrito Judicial de Constanza
Distrito Judicial de Monseñor Nouel (Bonao)
Distrito Judicial de Espaillat (Moca)
Distrito Judicial de Sánchez Ramírez (Cotuí)

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MONTECRISTI
Distrito Judicial de Montecristi
Distrito Judicial de Santiago Rodríguez
Distrito Judicial de Dajabón

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL
Distrito Judicial de San Cristóbal
Distrito Judicial de Baní
Distrito Judicial de Azua
Distrito Judicial de San José de Ocoa
Distrito Judicial de Villa Altagracia

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE PUERTO PLATA
Distrito Judicial de Puerto Plata

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
Distrito Judicial de Santo Domingo
Distrito Judicial de Monte Plata

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
Distrito Judicial de Duarte (San Francisco de Macorís)
Distrito Judicial de Salcedo
Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez (Nagua)
Distrito Judicial de Samaná

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Distrito Judicial de San Juan de la Maguana
Distrito Judicial de Elías Piña
Las Matas de Farfán

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís
Distrito Judicial de El Seybo
Distrito Judicial de Hato Mayor
Distrito Judicial de La Romana
Distrito Judicial de La Altagracia (Higüey)

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO
Distrito Judicial de Santiago
Distrito Judicial de Valverde Mao

viernes, 13 de marzo de 2015

Principios Fundamentales del Derecho Laboral



Estos principios constituyen la base y el fundamento de cada disciplina, orientan su interpretación, informan e inspiran dicho derecho. Estos principios no deben confundirse con los Principios del Código de Trabajo, que, aunque algunos coinciden, no son los mismos.




1) Principio de protección o pro operario; este principio contiene tres reglas básicas. a) In dubio pro operario, según la cual la duda favorece al trabajador; b) La norma más favorable al trabajador, cuando existen varias normas aplicables; la condición más beneficiosa al trabajador. La existencia de una nueva norma no puede interpretarse para perjudicar al trabajador o condiciones más beneficiosas al trabajador.

2) Principio de la irrenunciabilidad de derechos (principio V del Código de Trabajo).

3) Principio de continuidad. Garantiza la estabilidad del trabajador en el empleo.

4) Principio de la primacía de los hechos (principio IX del Código de Trabajo).

5) Principio de colaboración: armonía entre el capital de trabajo y el esfuerzo del trabajador.

6) Principio de buena fe (principio VI del Código de Trabajo).

Principios Fundamentales del Código de Trabajo




PRINCIPIO I
El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social.

PRINCIPIO II
Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad.

PRINCIPIO III
El presente Código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado. No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte.

PRINCIPIO IV
Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. Rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre particulares, la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho común.



PRINCIPIO V
Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario. PRINCIPIO VI En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos.

PRINCIPIO VI
En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos.

PRINCIPIO VII
Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición.

PRINCIPIO VIII
En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador.

PRINCIPIO IX
El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este Código.

PRINCIPIO X
La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad.

PRINCIPIO XI
Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la instrucción escolar obligatoria.

PRINCIPIO XII
Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal.

PRINCIPIO XIII
El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación. Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa.

jueves, 12 de marzo de 2015

Los Jueces (Diapositiva)


 El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional para aplicar la ley y las normas jurídicas...


La Prescripción y la Cosa Irrevocablemente Juzgada (Diapositiva)


La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas...




domingo, 8 de marzo de 2015

La Carrera Judicial

LA CARRERA JUDICIAL, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CONDICIONES PARA INGRESAR A LA CARRERA JUDICIAL, INAMOVILIDAD DE LOS JUECES. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL


La Suprema Corte de Justicia, como órgano de máxima autoridad dentro de la rama jurisdiccional del Estado, designará a todos los jueces del sistema judicial, salvo las excepciones establecidas en el artículo 2 de esta ley, y tendrá a su cargo la dirección del sistema de carrera judicial. En tal virtud, dictará las disposiciones administrativas referentes a los jueces, en lo que concierne al ejercicio de sus funciones y a las condiciones de remuneración, así como a todas las situaciones relacionadas con dichos servidores.


Son atribuciones de la Dirección General de la Carrera Judicial, las siguientes:

  1. Asistir a la Suprema Corte de Justicia, a través de su Presidente, en la formulación de los programas, normas y políticas de la carrera judicial;
  2. Administrar todos los procesos inherentes a la carrera judicial, desde el ingreso de los jueces, en base al mérito personal, hasta la evaluación del desempeño, así como laborar y vigilar la aplicación de sistemas técnicos que aseguren la plena vigencia de la misma;
  3. Organizar registros y expedientes individuales para los Jueces del Poder Judicial, que contendrán su historia y datos personales; un informe anual de trabajo, cantidad de sentencias y autos dictados, así como todas las informaciones necesarias para evaluar su rendimiento y su conducta moral en la comunidad así como cualquier otro requisito establecido en el reglamento que se dicte al efecto;
  4. Asesorar y asistir técnicamente a los organismos del Poder Judicial amparados por esta ley, así como a los de otros poderes del Estado, en relación con las funciones respectivas que les correspondan en materia de carrera judicial;
  5. Administrar el plan de retiro, pensiones, jubilaciones y de seguridad social del Poder Judicial;
  6. Asistir a la Escuela Nacional de la Judicatura en la coordinación del sistema nacional de adiestramiento de funcionarios del Poder Judicial;
  7. El manejo y administración de los recursos necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento de los tribunales de la República;
  8. Las que se deriven de esta ley, así como los reglamentos y otras disposiciones legales relacionadas con la materia de su competencia;
  9. La Dirección General de la Carrera Judicial deberá llevar un registro de elegibles, en el cual figuren los nombres de las personas que deseen ingresar a la carrera judicial, con indicación de todos los datos requeridos por la presente ley, así como cualquier otro requisito que exijan los reglamentos que al efecto dicte la Suprema Corte de Justicia.


La Dirección General de la Carrera Judicial estará a cargo de un Director nombrado por la Suprema Corte de Justicia.

No podrá ser designado Director General de la Carrera Judicial ningún abogado que se encuentre en pleno ejercicio de la profesión con bufete abierto.

La Suprema Corte de Justicia procederá a escoger el Director General de la Carrera Judicial de un profesional del Derecho que ejerza la docencia de la ciencia jurídica, de un magistrado en retiro o de un abogado que no tenga bufete abierto.


INGRESO A LA CARRERA: CONDICIONES DE APTITUD


Para ingresar a la carrera judicial se requiere ser dominicano de nacimiento u origen, o por naturalización, con más de diez años de haberla obtenido, estar en el ejercicio los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, someterse a concurso de oposición, tener por lo menos dos (2) años de haber obtenido el exequátur y no haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.


Los abogados de reconocida competencia de un ejercicio profesional de más de diez años, los profesores universitarios de alta calificación académica, autores de aportes a la bibliografía jurídica y aquellos que hayan prestado servicio en la judicatura con eficiencia y rectitud, por más de cinco años, podrán ingresar a la carrera judicial en la categoría que determine la Suprema Corte de Justicia.

Para ingresar a la carrera judicial será requisito haber aprobado los programas de capacitación teórica y práctica que dicte la Escuela Nacional de la Magistratura, salvo en los casos previstos en el párrafo anterior y lo referente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Para ser Juez de una Corte de Apelación, de una Corte de Trabajo, o de una Corte de Niños, Niñas y Adolescentes, del Tribunal Superior de Tierras o del Tribunal Contencioso-Tributario, se requiere, además de las condiciones exigidas por la Constitución y acreditar los conocimientos especializados en cada una de esas materias, estar en el ejercicio del cargo de juez de otra Corte de Apelación, o del juez de Primera Instancia o juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, estos dos últimos durante cuatro años por lo menos.

Para ser Juez de Primera Instancia o juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, o Juez de Instrucción, se requiere haber sido egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, además de las condiciones exigidas por la Constitución, estar en el ejercicio del cargo de juez de Primera Instancia en otro juzgado o cámara, o haber sido Juez de Paz durante dos años, y haber cumplido con los requisitos de evaluación en las funciones establecidas en los artículos y de esta ley, salvo lo dispuesto en el párrafo I del artículo 11.15.

Esta disposición, salvo en lo relativo a los requisitos constitucionales, podrá no ser tomada en consideración para la elección de los Jueces que, de conformidad a la Ley de Carrera Judicial, haga la Suprema Corte de Justicia.


DE LA INAMOVILIDAD


Al designar a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura determinará el tiempo por el cual realiza la designación, que lo será por no más de cuatro (4) años, a partir de la fecha de la misma, todo de conformidad con lo que preceptúa el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y lo establecido en los párrafos III y IV del artículo 63 de la Constitución de la República, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución, aplicable a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los que se consideran funcionarios de elección indirecta.


De igual forma, los jueces del orden judicial que sean designados de la Suprema Corte de Justicia, lo serán por un período de no más de cuatro (4) años, pudiendo ser  confirmados en sus cargos cada vez que la Suprema Corte de Justicia haga una  evaluación de los mismos.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará cada cuatro (4) años, de entre los dieciséis (16) Jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, un bufete directivo integrado por un presidente, un primer sustituto y un segundo sustituto de presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como los presidentes de las tres cámaras que conforman ese alto Tribunal, pudiendo ser reelecto el presidente cuantas veces el Consejo Nacional de la Magistratura lo juzgue conveniente.

Durante el tiempo de su designación, los jueces nombrados, tanto por el Consejo Nacional de la Magistratura, como los designados por la Suprema Corte de Justicia, serán inamovibles, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea elegido su sustituto.

Los jueces dependientes de la Suprema Corte de Justicia serán sometidos cada cuatro (4) años a una evaluación escrita, conjuntamente con los abogados o licenciados en Derecho egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura que aspiren a ocupar esas posiciones.

Los magistrados podrán ser indefinidamente reelectos en los puestos que desempeñen.

 Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, actualmente en ejercicio, permanecerán en sus cargos en forma inamovible durante cuatro (4) años, a partir de la fecha de su designación. Los demás jueces del orden judicial, designados o no por la Suprema Corte de Justicia antes de la entrada en vigor de la presente ley, se considerarán provisionales y la Suprema Corte de Justicia procederá posteriormente a la designación de los definitivos luego de su entrada en vigencia.

Los Jueces


DEBERES, INDEPENDENCIA, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES, DE LOS JUECES.



DEBERES.


  1. Prestar juramento de la manera siguiente: “Juro respetar la Constitución y las leyes de la República, desempeñar fielmente los deberes a mi cargo, guardar el secreto de las deliberaciones y conducirme con dignidad y decoro”.Ley No. 327-98 sobre la Carrera Judicial y su Reglamento de Aplicación.
  2. Cumplir con las disposiciones legales sobre la declaración jurada ante Notario de la composición activa y pasiva de su patrimonio. Los miembros de la carrera judicial estarán obligados a presentar la declaración cada tres años ante la Dirección General de la Carrera Judicial, exclusivamente. Desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación, eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia las funciones a su cargo, observando buena conducta y evitando la comisión de faltas disciplinarias;
  3. Evitar los privilegios y discriminaciones por motivos de filiación política, religión,  raza, sexo, condición social, parentesco y otros criterios que colidan con los derechos humanos y/o con el mérito personal.


SON DERECHOS GENERALES DE LOS JUECES.

  1. Percibir puntualmente la remuneración que para el respectivo cargo sea fijada, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico establecido en su favor;
  2. Recibir capacitación adecuada a fin de mejorar el desempeño de sus funciones y poder participar en los concursos y procesos que les permitan obtener promociones y otras formas de mejoramiento dentro del servicio judicial;
  3. Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social establecido para los servidores públicos en general;
  4. Disfrutar anualmente de vacaciones de quince (15) días, las cuales aumentarán en razón de un día por año trabajado, sin que pueda exceder de quince (15) días laborables;
  5. Obtener y utilizar los permisos y licencias que en su favor consagra esta ley;
  6. Recibir el beneficio de los aumentos y reajustes de sueldos que periódicamente se determinen en atención al alza del costo de la vida y otros factores relevantes, según se consagra en la presente ley.

Independientemente de las reglas fijadas en el Código Penal y en leyes especiales, los magistrados están protegidos contra las amenazas y ataques de cualquier naturaleza, de que puedan ser objeto en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones. El Estado debe reparar el perjuicio directo que pudiere resultar de ellos, en todos los casos no previstos por la legislación de pensiones.


DERECHOS ESPECIALES DE LOS JUECES

Una vez que ingresen a la Carrera Judicial, además de los consignados en el artículo precedente, los siguientes:

  1. Ser ascendido por sus méritos, a otros cargos de mayor nivel y remuneración, de acuerdo con las necesidades y posibilidades del Poder Judicial.

PROHIBICIONES DE LOS JUECES


  1. Realizar actividades ajenas a sus funciones;
  2. Abandonar o suspender sus labores sin aprobación previa de autoridad competente, salvo casos de urgencia o fuerza mayor;
  3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de los servicios que le corresponden;
  4. Exhibir, tanto en el servicio como en la vida privada, una conducta que afecte la respetabilidad y dignidad de la función judicial.
  5. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura;
  6. Recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos previstos por las leyes;
  7. Obtener préstamos y contraer obligaciones, sin la previa participación por escrito a la Suprema Corte de se tengan relaciones en razón de la función judicial que desempeñen;
  8. Obtener de manera individual concesiones o beneficios de otro de los poderes del Estado que impliquen privilegio oficial en su favor;
  9. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o estupefacientes;
  10. Dar consultas en asuntos jurídicos, de carácter actualmente contencioso, o que puedan adquirir ese carácter;
  11. Las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria, o que resulten del buen entendimiento y observancia de la ética social y administrativa.

Los jueces no pueden ejercer la abogacía ni directamente ni por persona interpuesta, ni otra profesión que los distraiga del cumplimiento de sus deberes oficiales o que sea incompatible con la dignidad del cargo que desempeñan. Esta disposición no deroga la excepción que establece al artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, respecto de las causas que puedan defender los jueces, pero aún en estos casos no podrán hacerlo por ante el tribunal en donde ejercen sus funciones.

No podrán prestar servicios en una misma jurisdicción o tribunal los cónyuges o convivientes y quienes están unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive.

No podrán pertenecer a la judicatura nacional los militares activos, dirigentes y activistas políticos, ministros de algún culto religioso en función, los abogados con antecedentes penales o sancionados disciplinariamente por actos que menoscaben su debida reputación profesional.


INCOMPATIBILIDADES

Es incompatible con las funciones permanentes y remuneradas de los jueces sujetos a la presente ley:

  1. Desempeñar otro cargo remunerado y permanente, salvo lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución;
  2. Ser parte a la vez, de cualquier órgano o entidad del Gobierno Nacional, y no podrán pertenecer a partidos o asociaciones políticas y tampoco a organizaciones profesionales cuya afiliación no esté limitada exclusivamente a quienes tengan su investidura;
  3. Participar en la gestión o administración de actividades comerciales o económicas, en sentido que de algún modo dé lugar a una dualidad de atribuciones, derechos e intereses.
  4. Toda manifestación de hostilidad al principio o a la forma de gobierno, así como cualquier manifestación pública incompatible con la reserva que le impone sus funciones.


La aceptación de un nuevo cargo remunerado, incompatible con el que se esté ejerciendo, implica la renuncia de éste.

Todo juez que se encontrare subjúdice cesará en el ejercicio de sus funciones, dejará de percibir el sueldo. Si fuere absuelto o descargado, quedará ipso facto reintegrado a su cargo, y se le pagarán los sueldos que había dejado de percibir. Estas disposiciones sólo son aplicables en caso de crímenes y delitos que se castiguen con pena de prisión. Se considerarán subjúdice, en caso de crimen, desde que la persona ha sido presa o se ha dictado contra ella mandamiento de conducencia; en materia correccional cuando ha sido presa o citada por el Ministerio Público por ante el tribunal correspondiente, o enviado ante su jurisdicción. La circunstancia de que la persona obtenga libertad provisional bajo fianza no cambia la condición de estar subjúdice. En este caso, la citación se hará en el término de cinco días a contar de aquel en que se hubiera presentado la querella o la denuncia y para comparecer en el término de tres días francos.

La causa siempre se llevará por vía directa en materia correccional.

jueves, 5 de marzo de 2015

La Tercera República (Diapositiva)

Horacio Vásquez confiaba ciegamente en Trujillo y por eso nunca supo sus verdaderas intenciones, incluso lo nombró como su militar de confianza. También le encargó que luchara contra Estrella Ureña, quien era Secretario de Estado, y había abandonado las filas horacistas, ya que éste se oponía a la reelección de Vásquez; pero éste desconocía que Trujillo ya había tramado un plan para derrotarlo junto a Estrella Ureña.


Las Personas (Diapositiva)

La persona es el conjunto de componentes (atributos o cualidades) que constituyen un ser humano en su totalidad...


Los Poderes del Estado e Interpretación de las Leyes (Diapositiva)

Presentación con diapositivas sobre los poderes del Estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial), y la interpretación de las leyes.



La promesa de venta (diapositivas)

La promesa de venta, vale venta (artículo. 1589, Código Civil Dominicano)


miércoles, 4 de marzo de 2015

La Responsabilidad Civil


¿Qué es la responsabilidad civil?

La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de cumplir su obligación (responsabilidad contractual) o de reparar el daño que ha causado a otro (responsabilidad extracontractual), sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios.

La noción de responsabilidad civil radica en una concepción de derecho natural conocida desde muy antiguo y que sirve de norma fundamental de la vida del hombre en sociedad: la de que nadie debe causar un daño injusto a otra persona, y en caso de causarlo, dicho daño debe ser reparado.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), se habla de responsabilidad extracontractual, la cual a su vez puede ser o bien delictual o penal (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito) o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etcétera), se habla entonces de responsabilidad contractual.


Importancia de la responsabilidad civil

Todo problema de responsabilidad civil supone un daño cuya víctima pide reparación.
Ahora bien, la vida moderna es cada vez más peligrosa; las máquinas que ponen a nuestra disposición los nuevos inventos, para desenvolver nuestra actividad (equipos industriales, medio de transporte, etc.), son fuerte de daños cada vez más numerosos.

Los pleitos por responsabilidad civil, relativamente raros hace medio siglo, se amontonan hoy en los estrados de los tribunales.





Responsabilidad moral, penal y civil

La responsabilidad moral: es la que se asume ante Dios y ante la propia conciencia. Es una noción puramente subjetiva, desde el momento que la conciencia de un individuo reprueba su actitud es moralmente responsable sin importar el resultado, este es un proceso puramente interno.

Existe oposición entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica.
Para que exista responsabilidad civil y responsabilidad penal se necesita una acción o una abstención: el pensamiento debe exteriorizarse, y, en ambos casos debe haber causado un perjuicio.

En unas ocasiones el daño afecta a la sociedad hay responsabilidad penal; en otras ocasiones afecta a una persona determinada: existe entonces responsabilidad civil.
La responsabilidad penal, aparece como una sanción la que será muy severa cuanto mayor sea la perturbación social.

La responsabilidad penal exige la responsabilidad moral y un análisis subjetivo del estado espiritual del agente, cuanto mayor sea la responsabilidad moral, más severa será el castigo.

La responsabilidad civil no supone un perjuicio social sino un daño por lo que ya  no es una cuestión de penar, sino solamente de reparar.

En tal virtud mientras que la responsabilidad penal constituye una sanción, la responsabilidad civil es una reparación.


Responsabilidad civil contractual y extracontractual (delictual y cuasidelictual)

Responsabilidad civil contractual: Es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. En este caso, el término contrato está empleado de un modo genérico que comprende no sólo al contrato en sí mismo, sino también todo acto convencional mediante el cual un sujeto de derecho asume una obligación.

Responsabilidad civil extracontractual: Responsabilidad civil delictual. Es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una conducta o deber jurídico preexistente, que si bien el legislador no determina expresamente, sí lo protege o tutela jurídicamente al establecer su sanción dentro del ordenamiento jurídico positivo. Ocurre cuando el agente causa un daño a la víctima mediante la comisión de un hecho ilícito.

Ahora bien, esta responsabilidad civil delictual es la derivada del hecho ilícito, también denominado delito civil.





La acción en responsabilidad civil

Cuando están reunidos los requisitos de la responsabilidad civil, nace a favor de la víctima una obligación de reparación contra el autor del daño. Tal es el efecto de la responsabilidad.

Para obtener el cumplimiento de esta obligación, la víctima dispone de la acción de responsabilidad civil.

Las partes en la acción de responsabilidad civil:
  • El demandante.
  • el demandado
  • persona moral demandante o demandada


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La demanda en pensión alimenticia


Enlaces externos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Díez-Picazo
http://temasdederecho.com/2012/06/04/la-responsabilidad-civil/
http://digitalleyes.com/responsabilidad-civil-doctrina/