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¿En base a qué la DGII tiene potestad para clausurar un negocio?



Es posible que conozcas muchas situaciones que conllevan delitos y, más aún, personas que han cometido delitos y han sido sancionadas por ello.

La comisión de un delito es una falta de honestidad, de responsabilidad que lesiona los intereses y derechos de otras personas. Cuando una persona comete un delito, como por ejemplo robo, está lesionando o afectando a la persona a quien le sustrajo el objeto.

Es cierto que a diario vemos casos de delitos, pero nosotros podemos colaborar para cambiar esa situación; y, ¿sabes una cosa?, la mejor forma de combatirla es actuando de manera responsable, honesta, respetando los derechos y las propiedades ajenas. Así contribuimos a formar una sociedad cada vez más justa, más solidaria, con una mejor calidad de vida, tanto para los dominicanos como para los extranjeros que desean visitarnos, radicarse o invertir aquí sus capitales.

Como dijimos, en materia tributaria los delitos son infracciones que se cometen por medio del dolo (engaño) y la culpa, y que no son susceptibles de excusa alegando error involuntario. Los delitos son faltas graves, de carácter penal, por tanto son regidos por las normas de la Ley Penal Común y por las disposiciones especiales del Código Tributario.


De manera que, cuando la Administración Tributaria detecta hechos constitutivos de delito, inicia ante la justicia ordinaria una acción penal. Una vez iniciado el proceso, éste se tramitará conforme a las normas de los delitos comunes. Esto quiere decir, que la instrucción, juzgamiento y aplicación de las penas en los delitos tributarios corresponde a los Tribunales Penales Ordinarios.

Si el hecho o hechos constituyen a la vez faltas y delitos, la Administración iniciará la acción penal con respecto a estos últimos (delitos), pero en el proceso también se sancionarán las faltas. De la misma manera, cuando se inicia una acción penal por delito y la persona ya tiene un procedimiento o sanciones por faltas, éstas no se invalidan ni se suspenden, es decir un procedimiento no afecta al otro, ni tampoco la sanción aplicada.

La sanción de clausura de negocio por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, corresponde a los delitos tributarios de Elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos y Defraudación tributaria.


Elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos. 

En esta categoría, el Código Tributario establece como delitos las siguientes actividades:

1. Elaborar productos sujetos a tributos sin obtener los permisos que exijan las leyes.

2. Elaborar productos gravados, con autorización legal, pero con equipos cuya existencia ignore la Administración Tributaria o que hayan sido modificados sin su autorización.

3. La elaboración de productos gravados empleando materia prima distinta de la autorizada.

4. Elaborar, comerciar, hacer circular o transportar clandestinamente, dentro del territorio nacional, productos o mercancías que no hayan pagado los impuestos correspondientes o cumplido los requisitos exigidos por las disposiciones legales o reglamentarias tributarias.

5. Alterar, destruir o adulterar productos o modificar las características de mercancías o efectos gravados, así como su ocultación, retiro indebido, cambio de destino o falsa indicación de su procedencia.

6. Destruir, romper o dañar una cerradura o sello puesto en cualquier almacén, depósito, aparato alambique, habitación o edificio por la autoridad tributaria competente o, abrirlo sin romperlos o dañarlos.

La defraudación tributaria. 

La defraudación es la acción de hacer fraude con propósito de lograr o facilitar la evasión total o parcial del pago de impuestos. El Código Tributario establece algunas situaciones en las que se considera que el contribuyente ha cometido defraudación, sin excluir otras circunstancias que llegado el momento se consideren como tales. Estas son:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos. También omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

2. Emplear mercancías o productos beneficiados por exoneraciones o franquicias en fines o por poseedores distintos de los que corresponde según la exención o franquicia.

3. Ocultar mercancías o efectos gravados, siempre que el hecho no configure contrabando o hacer aparecer como nacionalizadas mercancías introducidas temporalmente.

4. Hacer circular, como comerciante, fabricante o importador, productos sin el timbre o el marbete que deban llevar.

5. Violar una clausura o medidas de control dispuestas por el órgano tributario competente y la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenidas en poder del infractor como medidas conservatorias.

6. No ingresar dentro de los plazos prescritos, las cantidades retenidas o percibidas por tributos.

En algunas ocasiones no se comete el fraude en sí, o no se tienen argumentos de suficiente peso legal para considerar que se ha incurrido en defraudación, pero sí existen circunstancias que muestran la intención del contribuyente en cometerla, es decir, se presume la intención de defraudar. Veamos:

1. Cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos.

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.

3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD$100,000.00.

4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

En caso de reincidencia o cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal, la sanción incluirá prisión de seis días a dos años, además de las sanciones que puedan corresponder.

Un agravante especial en la defraudación es que la misma se cometa con la participación del funcionario que, por razón de su cargo, intervenga o deba intervenir en el control de los impuestos evadidos.



fuente: DGII

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